La foto del pacto de las pensiones

La foto del pacto sobre las pensiones era inédita. Entre las diferentes combinaciones posibles entre Gobierno, CEOE, CC.OO. y UGT, la foto del pasado lunes 9 de abril no se había producido nunca. Era inédita.
Es la primera vez que CC.OO. firma, en soledad sindical, con el gobierno – del partido popular – y la CEOE.
Hay que remontarse 17 años, hasta 1984, para encontrar una foto similar, que no idéntica. Entonces UGT firmó, por última vez en solitario, con el gobierno – entonces socialista - y la CEOE el Acuerdo Económico y Social.
Cuatro años después ambos sindicatos convocaban una huelga general, el 14-D. España vivía una época de fuerte crecimiento económico, como se dice ahora: “España iba bien”. Las fuerzas sindicales consideraban que la distribución de la riqueza no era equitativa, que los sectores sociales no se estaban beneficiando suficientemente del crecimiento económico. Aquella huelga se hizo contra los contratos de aprendizaje para jóvenes, por el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios y por la recuperación de la deuda histórica de los pensionistas.
La situación es similar a la actual, pero no idéntica. Había entonces y hay ahora un Gobierno con mayoría absoluta, entonces del PSOE y ahora del PP.
El decretazo del Gobierno acaba de extender el contrato de aprendizaje, reservado para los jóvenes, a casi todos los trabajadores, los funcionarios han visto como se negaba el incremento pactado, basándose en el derecho de negociación colectiva que habían ganado en el 90.
A pesar de lo que se parece la situación, la valoración sindical ha sido muy distinta. Tanto, que se ha producido una grieta entre les dos organizaciones, que el gobierno ha sabido aprovechar hábilmente.
Mientras UGT, consideraba que había motivos para convocar una movilización general, CC.OO. consideraba que no había condiciones. Motivos y condiciones, ni son lo mismo, ni van siempre unidos.
En ese contexto, el Gobierno ha movido ficha con rapidez.
Ha logrado un acuerdo sobre pensiones claramente insuficiente. Ciertamente, no empeora nada, pero las mejoras son muy limitadas.
A cambio de que la Seguridad social financie al Estado durante 12 años más – contradiciendo los plazos del Pacto de Toledo – las pensiones de viudedad subirán del 45% al 52% de la pensión del fallecido. Desgraciadamente, se puede producir la paradoja que las viudas que cobran la pensión mínima, gracias a los complementos, no vean incrementada su pensión y las que cobran más de la pensión mínima, sí la verán incrementada.
A cambio de alargar voluntariamente la edad de jubilación, se podrá acceder a la jubilación a partir de los 61 años, si se han cotizado 30 y hace más de 6 meses que el empresario te ha despedido. Se mantiene, pues, la imposibilidad que los que no cotizaban antes del 1 de enero de 1967 se jubilen anticipadamente cuando lo decidan.
A cambio de que hasta el 2003, para calcular la pensión se tomen las cotizaciones de los 15 años anteriores a la jubilación el Gobierno mantiene su objetivo de contabilizar toda la vida laboral de candidato a jubilarse, a partir de esa fecha. Y pensar que en 1985, CC.OO. convocó una huelga general porque la ley de las pensiones del PSOE elevaba de 2 a 8 años el periodo para calcular la pensión.
La UGT ha exigido cambios en estos temas para firmarlo, pero la respuesta del Gobierno ha sido: ¡No se cambia ni una coma, esto es lo que hay!. Otra expresión más de la prepotencia de este gobierno “popular”. Era de esperar.
Quizás no lo era tanto - al menos para mí - el hecho de que la otra central no haya movido ni una ceja para evitar que se produjera esa ausencia.
Lo más preocupante de esa foto no es el acuerdo que refleja, sino el desacuerdo que evidencia. La profunda grieta que se ha abierto en la unidad de acción entre los dos sindicatos mayoritarios, ha resquebrajando una practica que se había demostrado útil y eficaz, durante los últimos 15 años, para los intereses de las personas que viven de su esfuerzo. Precisamente en el momento en que se necesita dar la repuesta a una reforma laboral regresiva. Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, no creo que la foto de ese pacto sobre las pensiones, por otro lado tan insuficiente, valga más que la unidad de acción sindical que se pone en peligro. Que alguien explique el porque de esa foto.

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Desequilibrada e inútil

Ni en el fondo, ni en la forma es aceptable. La reforma laboral del Gobierno es desequilibrada e inútil.
Resolver el exceso de temporalidad y las malas condiciones de trabajo (salariales y de seguridad) con más temporalidad y más precariedad en la contratación, es tan peligroso e inútil como combatir el fuego con fuego, Pues bien, la reforma laboral del gobierno Aznar hace eso.
Los personas jóvenes, sobre todo las que no tiene estudios, las mayores de 45 años, las mujeres, las que llevan largas temporadas fuera del mercado de trabajo, las personas que proceden de la inmigración y las que padecen alguna discapacidad son las que concentran ahora las condiciones de contratación más adversas.
Esos son los colectivos, que más que objeto parecen objetivo, de la reforma laboral.
Para sacarlos de la precariedad se les ofrecen contratos de formación y a tiempo parcial. Contratos de formación a salario mínimo y sin derecho a paro ni jubilación. Contratos a tiempo parcial sin las garantías negociadas hace unos años por los sindicatos y en los que para entrar en la empresa, (cuando la persona que quiere trabajar ni puede exigir ni negociar) hay que aceptar las condiciones de quien contrata, diferentes al resto de la plantilla.
Para combatir su inestabilidad laboral se le ofrecen un despido mas barato a los fijos ú 8 días de indemnización por año trabajado a los temporales,
Esos colectivos si son despedidos después de ser fijos, su despido pasa de 45 días a 33 días de indemnización por año trabajado, y de un máximo de 54 mensualidades a 24 mensualidades.
“El gran avance” de dotar a los contratos temporales de una indemnización de 8 días por año trabajo, además de no llegar ni a los 12 días que se habían alcanzado antaño, no supone una penalización seria para evitar los contratos de trabajo de pocos días o semanas que proliferan actualmente.
Esas son las razones que hacen inútil esta reforma. Los contenidos de esta reforma no van a resolver los problemas del mercado de trabajo. Seguiremos teniendo un mercado de trabajo dual. La temporalidad y la precariedad seguirán castigando a los colectivos con mas dificultades para ocuparse.
Pero si el fondo es rechazable la forma es deplorable. Porque desequilibra las relaciones laborales.
Cuando el arbitro esta a favor de una de las partes el partido no solo es injusto, sino que el beneficiario ni se esfuerza en jugar. Eso es lo que ha pasado, la patronal no ha tenido ningún interés en negociar con los sindicatos. Ya le habían prometido el trofeo antes de jugar,
Este gobierno - que esta transformando su mayoría absoluta en absolutista - anunciando y publicando, por sus reales, el Decreto Ley no solo ha jugado a favor de las posiciones de la CEOE, sino que ha modificado las reglas del juego.
Desde 1980 con el Estatuto de los Trabajadores, las reformas laborales, con más o menos aceptación y éxito, han estado dirigidas a sustituir la protección de la Administración por la autoprotección y el protagonismo de la negociación entre patronales y sindicatos.
Por ello, cada modificación de los derechos individuales se reequilibraba reforzando los derechos colectivos (huelga, reunión, sindicación, información), la protección social, o se potenciaba el acuerdo de las partes a través de los convenios, como forma de regular las condiciones. Era la forma de conseguir que la flexibilidad no se transformara en inseguridad.
Esta reforma esta hecha a favor de una de las partes, la única que se ha manifestado a favor, la patronal. Por eso no nace huérfana como la de 1994, que no era la que querían ninguna de las partes. Esta reforma si tiene quien la quiera, la patronal.
Desequilibrar las relaciones laborales es incentivar el conflicto laboral. Ya lo hemos conocido y vivido en el pasado.
Aznar es un nostálgico de ese pasado, sin libertades y con menos derechos laborales, por eso pretende que las condiciones laborales del siglo XXI se parezcan a las del siglo XIX. De ahí su anuncio-amenaza que su siguiente paso será que las conquistas y derechos de los convenios se pierdan cada 31 de diciembre y se deba empezar de nuevo desde el salario mínimo y las 40 horas.

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¡¡Con la escuela no se juega!!

Estamos en tiempo de preinscripciones para la matriculación. Ahora es le momento en el que se configuraran las aulas del próximo curso 2001-2002.
Este no es un tema burocrático o administrativo, sino de gran trascendencia.
La mayoría de los jóvenes pasaran 8 años en ese centro, si hablamos de la educación, y como mínimo 4 si hablamos de la secundaria. Años en los que se formara como persona. Años en los que adquirirá una serie de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que le acompañaran durante toda su vida. No digo: “le marcaran para toda la vida”, porque afortunadamente las personas nos seguimos haciendo durante toda nuestra existencia. Pero, el periodo de escolarización es muy importante.
La Sra. Carme Laura Gil, Consellera d’Ensenyament del Govern de Pujol, se muestra testaruda y dogmática. No quiere modificar el decreto de matriculaciones, que todo el mundo le pide que retire.
El Síndic de Greuges, nuestro Defensor del Pueblo catalán, le ha pedido que lo modifique. El Consell Escolar de Catalunya, representante plural de todos las parte presentes en la educación (padres, alumnos, profesores, etc.), se ha pronunciado en contra.
Ambos están en desacuerdo en la forma como pretende repartir los jóvenes en los centros educativos.
Pero ella, erre que erre, aunque yerre.
¿Porque tanta intransigencia, por parte de la Consellera?. ¿Por carácter personal? No. Sencillamente, porque está defendiendo el interés de los sectores más conservadores de la sociedad.
La realidad social y sobre todo la convivencia en los pueblos y ciudades no se puede percibir desde la sede de la Conselleria d’Ensenyament. Las personas que tienen la responsabilidad de dirigir las delegaciones habían establecido unas relaciones muy positivas para resolver los problemas. Ahora con su decreto, esta honorable señora, deja a los representantes del pueblo más próximos, los ayuntamientos, como simples anotadores y los ciudadanos como súbditos. Por ahí no vamos bien.
Despreciar el dialogo entre las instituciones y entre los protagonistas es absurdo, temerario y peligroso. Precisamente ahora, cuando la sociedad esta inmersa en el debate de cómo fortalecer y profundizar la convivencia, en un escenario de cambios protagonizados por el fenómeno de la inmigración.
Sindic de Greuges y Consell Escolar han propuesto un proceso de matriculación que favorezca la integración de los jóvenes inmigrantes, evitando “guetos escolares”, donde se acabe cronificando su separación con el resto de los jóvenes autóctonos.
La integración y la multiculturalidad no se producirán por generación espontánea. Como la mayoría de las cosas buenas y deseables requieren dedicación, recursos y cariño.
El recurso demagógico de intentar imputar una actitud antisocial a los que buscan una distribución de los jóvenes inmigrantes entre todos los centros educativos de los diferentes pueblos ciudades, que se sostienen con fondos públicos, no esconde más que un interés en proteger a una parte de los centros concertados, los de elite.
Para más abundamiento y recochineo, esta señora ha decido que con fondos públicos financiemos a centros escolares, donde los chicos y las chicas cursan estudios por separado, los padres abonan más de 100.000 pesetas al mes, a una Fundación. Perdone, Sra Laura Gil, ¡quien tenga vicios que se los pague!.
Los centros privados concertados, de matriz religiosa o privada, no son el problema. El problema es el trato de favor que le da Vd. y el Consell Executiu a algunos centros privados concertados, los de la elite.
Muchos de los centros concertados, en nuestra comarca, asumen los mismos deberes y obligaciones que los centros públicos, y solo repercuten aquellos gastos extraescolares racionales (colonias o comedores) sino tienen subvenciones públicas o becas para que no deban soportarlos los padres. Trabajan como los públicos para atender la diversidad en sus aulas. Diversidad por motivos de genero (chicos y chicas), de origen (autóctonos e inmigrantes), de costumbres, de lengua materna (castellanohablantes, catalanohablantes, francófonos, chinos, lenguas árabes, etc..) o de capacidad (disminuciones físicas, sensoriales e incluso psíquicas).
Por eso resulta insoportable que desde la altanería y la prepotencia se juegue con la escuela para defender interés no declarables, pero lo que resulta insultante es que acuse de antisociales a los que le recriminan su practica elitista.
Sra, Carme Laura Gil, con la escuela no se juega. Es demasiado importante, en ello le va el futuro a toda una generación.

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Azuzar la intolerancia

¡Señora Marta Ferrusola, tiene todo el derecho a decir lo que ha dicho!. Y yo ha decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con usted, ni con la forma ni con el fondo de lo que ha dicho.
Primero, porque los inmigrantes no han sido nunca un peligro para la cultura o el idioma de esta tierra. Ni cuando procedían de otras zonas de España, ni ahora. Solo desde una concepción obsesiva, estrecha y cerrada de Catalunya, desde el objetivo de pretender la asimilación, que no la integración, de los inmigrantes se ve como una amenaza que no pidan ayuda, o de comer, en catalán o que estén más preocupados por su subsistencia que por conocer donde están.
Segundo, porque no es cierto que su marido, el President Pujol, “está cansado de entregarles viviendas a magrebies o gente así”. Ni 400 viviendas de régimen especial se acaban cada año y además no son para inmigrantes, sino que se venden a las personas con menos ingresos. Entiendo que reconozca que el President Pujol este cansado, pero debe ser de otra cosa, no de eso.
Tercero, por identificar la religión católica con la de los catalanes y catalanas. Aquí, por si no lo sabe, existe una pluralidad de creencias religiosas, católicas o no, y sobre todo una tolerancia hacia el culto y las practicas de los demás. No quiera romperlas apelando a que las creencias religiosas de algunos de los inmigrantes, los musulmanes para ser exactos, son un peligro para la convivencia. La convivencia se resiente por la intolerancia. La de los ateos, agnósticos, católicos, musulmanes, budistas, o cualquier otro y no es imitando su intolerancia como se avanza.
Cuarto, por denigrar su solicitud de que les respetemos formas culturales que no atentan contra derechos fundamentales de las personas. ¿Quién se escandalizaría si un católico practicante dijera que no puede aceptar carne un viernes de cuaresma? Entonces, ¿porqué recriminarles que no acepten la carne de cerdo o cordero matado de una determinada manera?
Señora Ferrusola, quizás como dicen su marido, el President Pujol, y el sustituto que se ha designado, el Sr, Mas Gabarro, usted ha expresado lo que piensa que otras personas piensan.
Usted tiene derecho a decirlo, aunque sea un error, porque usted no es responsable, políticamente hablando. Ellos no. Ellos son personas que tienen obligaciones y responsabilidades públicas y políticas.
“La política no es el arte de decir en voz alta lo que ellos piensan que la gente piensa” ha dicho Pascual Maragall. Que las personas tengamos temores, intranquilidades o incluso odios, no significa que esos sentimientos sean convenientes, correctos o legales.
Si piensan que mucha gente piensa eso, lo que deberían hacer es proponer soluciones y no alimentar la desinformación, eludir la responsabilidad y azuzar la intolerancia. A usted, Señora Marta Ferrusola, no le es exigible - si es deseable - pero a ellos sí. Resulta alarmante que nuestros máximos representantes sean tan comprensivos con discursos como el suyo y que todavía es la hora que nos digan si, además de entenderlo, lo comparten.
La inmigración no crea los problemas, pero puede acrecentarlos. Los barrios no se degradan por los inmigrantes, sino que se concentran en los barrios que ya estaban deteriorados. La inmigración no crea los problemas de la escuela, pero los agrava. La inmigración no crea los problemas de la explotación en el trabajo, sino que resulta más fácil, si se les niegan sus derechos.
Tenemos pocos inmigrantes, pero mal repartidos. Hay barrios o pueblos concretos con concentraciones excesivas. Abordar los problemas de vivienda, escuela y trabajo de todos los que viven ahí, autóctonos o inmigrantes, es trabajar para la solución.
Azuzar la intolerancia, dar satisfacción a los instintos más primarios (el miedo, la desconfianza, el odio) no es como se deben abordar esos problemas. Esa actitud puede dar votos, pero es tan irresponsable como echar gasolina al fuego.

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Poca resistencia a la fustración

Las personas inmaduras se detectan por su poca resistencia a la frustración. Cuando un niño pierde o se le niega algo responde con una “pataleta” o destrozando algo, Cuando rompe algo, niega su responsabilidad. Las personas adultas, si han madurado, no actúan así.
De hecho, las personas maduramos en la medida en que somos capaces de comprender que el resto del mundo no esta para servirnos u obedecernos. Comprender que además de nuestros intereses están los de los demás. Comprender que esos intereses no tienen que supeditarse a los nuestros. Comprender que no siempre nos podemos salir con la nuestra. Comprender que no nos regalaran casi nada importante y que tendremos que trabajar para conseguirlo. Comprender que nuestra acción nos comporta responsabilidades.
En suma, asumir las responsabilidades, las dificultades, las limitaciones y reaccionar no resignándose frente a la frustración es signo de madurez. Trabajar, dialogar, buscar que la satisfacción de nuestros intereses sea compatible con los intereses de otros, es una manera positiva de afrontar la. .
Esa es la diferencia entre la actitud de las personas bien y mal criadas.
Por eso, se puede afirmar que el Gobierno de Aznar es un gobierno malcriado. Se había acostumbrado a que todo le saliera bien sin esfuerzo. Pero cuando algo no le sale según su voluntad, reacciona como los niños o las personas inmaduras o malcriadas.
Indulta a un juez prevaricador, que participó, en su campaña para controlar los medios de comunicación y cuando los jueces le enmiendan la plana, los acusa de poner en peligro el estado de derecho.
La crisis de las vacas, es una de las “cositas” que no son su culpa, están por toda Europa. Su culpa tal vez no, pero su responsabilidad, sí.
Otro ejemplo lo encontramos en el tema de la congelación del sueldo a los empleados públicos en 1997. Como la Audiencia Nacional le niega esa posibilidad la acusa de atentar contra el Parlamento, intenta enfrentar a los empleados públicos contra el resto de la ciudadanía o cargar la responsabilidad en el gobierno socialista. Todo antes que asumir su equivocación.
En Agosto de 1996, 4 meses después de acceder al gobierno, Aznar firma un decreto rebajando los impuestos a los que más tenían. Un mes después les anuncia a los representantes de la función pública, que no respetara un acuerdo firmado y les congelara el sueldo. No había dinero para ellos, pero sí para los más poderosos. De nuevo, la prepotencia con los débiles y la sumisión a los fuertes, que caracteriza su conducta.
Por más que le hubiera gustado, la llegada al Gobierno de Aznar no fue un cambio de régimen, sino simplemente de gobierno. Los acuerdos de gobiernos anteriores debían respetarse y mantenerse. Así se lo recuerda la Audiencia Nacional.
Los empleados públicos habían firmado con el anterior gobierno un acuerdo para el periodo 95-97, en el que fijaban condiciones de trabajo y salario. En él recuperaban parte de la congelación del 94, realizada en un contexto de perdida de empleo importantísima.
Lo que resulta más significativo de ese planteamiento es el menosprecio a esos acuerdos sindicales frente al extremo respeto que se tiene a las deudas con las constructoras que han efectuado las obras públicas o las entidades bancarias que han cedido dinero al Gobierno. Esas deudas o esos compromisos son incluidos en los presupuestos sin cuestionarlos.
En el caso de que su satisfacción cree problemas al erario público, se negocia con ellos. Se aplica aquella máxima de la negociación por la que: “la modificación de un acuerdo, es cosa de todos los que lo suscribieron, no de una de las partes”. Con los empleados públicos se actúa diferente, sencillamente se incumple el acuerdo y no se negocia.
La sentencia de la Audiencia Nacional contra la congelación de los empleados públicos no es un atentado contre el poder del Parlamento sino contra la falta de respeto a los acuerdos. El Partido Popular, con el apoyo de CiU, los rompieron, ahora deben asumir sus consecuencias, que no es otra que negociar como se paga, no si se paga o no.
Haría bien el gobierno en madurar, asumir un poco más de resistencia a sus frustraciones y dejar de culpar al resto de los problemas que tiene encima de la mesa y emplearse a fondo en resolverlos.

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Los necesitamos con “papeles”

“La solidaridad es un egoísmo inteligente”. Con esta frase José Valentín Antón, que fue secretario general de la UGT de Catalunya, buscaba provocar la reflexión en aquellas personas para las que su interés particular, directo e inmediato era lo único importante. Buscaba que practicaran la solidaridad hasta quienes la menospreciaban. Intentaba que, como mínimo, la vieran como algo que les era útil.
Una huelga de hambre es una de las formas más silenciosas de gritar muy fuerte. Estos días mas de 400 inmigrantes la están llevando a cabo encerrados en iglesias de Barcelona.
¿Que les ha empujado a esa posición tan grave? Sencillamente, la desesperación. Las han arrinconado y les han cerrado todas las salidas.
Barcelona es la segunda provincia con más denegaciones de regularización. A casi 37.000 personas, que están aquí desde hace tiempo, se les han negado los “papeles” y con ellos el derecho a ganarse la vida legalmente, se las envía a la clandestinidad y se las amenaza con la expulsión.
Están aquí para trabajar y cuando tienen oportunidad lo hacen con ahínco. Huyen de la miseria de sus países de origen. Buscan poder progresar sobre la base de su esfuerzo. Ese es el verdadero e irresistible “efecto llamada” de nuestro país y del “efecto expulsión” del suyo, no las leyes de extranjería.
Para llegar hasta aquí han quemado sus naves. Han vendido lo poco que tenían, se han embargado ellos y a su familia por muchos años, se han jugado la vida en pateras o la cárcel, han vivido o malvivido de trabajos duros, no declarados y en muchos casos mal pagados y ahora el gobierno del PP, que no les dan los “papeles”, les dice que en 48 horas pueden ser repatriarlos.
Mayor Oreja no dedicara la policía a la caza del inmigrante para expulsarlos, porque no puede. No puede aplicar la ley de extranjería, que ha aprobado el PP, con el soporte de CiU y Coalición Canaria, porque ni tiene resuelto el problema jurídico internacional de la repatriación ni los suficientes recursos policiales y, en especial, porque los necesitamos.
Necesitamos la inmigración. ¿Quién recoge mayoritariamente las ensaladas y alcachofas del parque agrario de Baix Llobregat? ¿Quién sube las botellas de butano a las casas de muchas personas mayores que viven en pisos sin ascensor?.
Pero, necesitamos la inmigración con “papeles”, regularizada. Para que no sea explotada por las mafias de allí, pero tampoco por las aquí, para no hacerlos dependientes de la caridad o de los servicios sociales de los ayuntamientos o para que acaben como usuarios de los servicios penitenciarios o policiales.
Necesitamos la inmigración con “papeles”, regularizada. Para que trabaje de forma legal, con los mismos derechos y obligaciones que los demás, para que cobre y cotice, pero sobre todo para que desarrollen su proyecto autónomo y personal, compatible con la sociedad en la que ha recalado.
No se trata mantener una ciudadanía de tercera, ni una mendicidad de primera. Se trata de integrarlos como ciudadanos normales. Hay que darles “papeles” a los que ya está aquí y evitar situaciones como esta en el futuro.
Eso no se será posible si paralelamente no resolvemos otros problemas que la inmigración no ha creado, pero que agrava. No tenemos mucha inmigración - no llegamos al 4% - pero hay ciudades y barrios, que tiene porcentajes muy altos. Ahí es donde han aparecido problemas de convivencia.
Cuando se pretende hacer recaer la solidaridad sobre la parte de la sociedad que esta necesitada de ella, no es de extrañar que surjan conflictos. Cuando la inmigración se concentra en barrios degradados en los que no se ha invertido en rehabilitación, o en centros escolares donde se escatiman los recursos para hacer posible la educación de la diversidad, se le niega el acceso legal al trabajo porque se pretende negar que ya están aquí o se le niegan a los ayuntamientos las herramientas para hacer frente al problema, se están poniendo las bases del conflicto social. Si a ello, le sumamos el interés de ganar votos, de hacer política con la inmigración, como hace el Partido Popular estamos incubando el huevo de la serpiente.
¡Seamos inteligentes invirtamos en solidaridad!, Aunque, para algunos, sea solo por el egoísmo de evitarse problemas.

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IPC, un dato fatal

Ya que no están por sus obligaciones, por lo menos, que sean originales.
La semana pasada conocimos que el IPC del año 2000, parecía el cupón de la ONCE, es decir que no era el IPC previsto – 2% - sino el doble, el 4%. Y en Catalunya mucho mayor, el 4´2%.
Ciertamente el dato no ha sido una sorpresa. Es la confirmación final del año donde lo hemos sufrido junto a la mayoría absoluta de Aznar.
Notábamos la insumisión del IPC a los deseos de las autoridades económicas - deseos, que no actuaciones - cuando comprábamos productos alimenticios, poníamos gasolina o diesel al vehículo, utilizábamos servicios médicos o educativos no públicos, disfrutábamos, si podíamos, de las actividades hosteleras y restauración o pagábamos el recibo de la luz y el teléfono.
El dato final ha sido fatal. Ha confirmado la inactividad de los gobiernos estatal y catalán para actuar eficazmente ante algo que no ha sido una sorpresa, cada mes se tenía un anticipo.
Fatal para las personas que viven de una pensión pues, durante todo el año, sus ingresos solo crecieron el 2%. Fatal para las personas en paro, perceptoras de renta mínima de inserción o del salario mínimo interprofesional porque su poder adquisitivo se vio erosionado por el IPC. Fatal para las personas que trabajan para las administraciones públicas porque perdieron todo aquello en lo que se equivocaron Rodrigo Rato y Artur Mas. Fatal para las personas que han visto como sus hipotecas crecían más que el IPC. Fatal para nuestra economía productiva que ve como la evolución de nuestros precios erosiona nuestra competitividad.
Y ante todo esto ¿Qué nos proponen?. Más de lo mismo. Inactividad de los gobiernos ante los poderosos y sacrificios de los débiles.
¡Han descubierto la sopa de ajo!. La solución a todos los males, a la subida de precios es la moderación salarial y en el resto, esperar. Lo ha propuesto, serio y sin despeinarse, Artur Mas el delfín de Jordi Pujol.
En los últimos cuatro años la economía catalana ha crecido menos que la media española, pero nuestros precios han crecido más. Artur Mas, que ya no puede seguir escondiéndose tras la falacia de que ese era el precio que debíamos pagar por un mayor crecimiento, ha decidido pasar a la “acción”.
Incrementa solo el 2% a los empleados públicos que dependen de él, llama a la moderación salarial del resto, no toma ni una sola medida para contener los precios en los temas que tiene competencias (comercio, turismo, sanidad educación, vivienda, peajes, etc..) y sobre todo apoya incondicional al gobierno de Aznar en su política económica de “mirar y esperar”.
Ya que no están por sus obligaciones, por lo menos, que sean originales.
Artur Mas está más preocupado por ganar a Duran Lleida, en su carrera por suceder a Pujol al frente de CiU, que a la inflación.
Artur Mas está mas necesitado de asegurase su mayoría parlamentaria, con el apoyo del PP, que de gobernar para la mayoría de ciudadanía.
Que le podamos entender no quiere decir que lo tengamos que compartir.
Sus obligaciones como Conseller de Economia i Finances de la Generalitat son irrenunciables. Al cargo puede renunciar a las obligaciones del mismo no, mientras este en el Gobierno.
Ni las puede olvidar, ni despachar aplicando unas recetas tan rancias, reaccionarias o caducas, como el exigir más moderación a los clases mas desfavorecidas. Y sobre todo si al mismo tiempo se abstiene de actuar frente a los sectores económicos más poderosos.
Es fácil ser prepotente con los débiles y sumiso con los poderosos, lo difícil es gobernar para que el crecimiento económico no se construya sobre el incremento de las desigualdades sociales, cargando los sacrificios a los de siempre. Por eso, mientras tenga la responsabilidad de gobernar, debe asumir su responsabilidad ante la evolución negativa del IPC y afrontar su solución mediante otras formulas más eficaces y sociales.
Empiece a gobernar, Sr. Mas, y gobierne bien. Para la mayoría.

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