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diumenge, 15 de juliol del 2001

Más dinero para las escuelas de Mas

“El que tenga vicios que se los pague”. Señalaban, incluso lo más rumbosos, cuando en un convite descartaban pagar aquellos complementos que algún invitado pretendía incluir en la cuenta general.
Esa debería ser la norma a aplicar cuando alguien pretende conseguir que con el dinero publico se financien escuelas de elite.
Lo más grave en este asunto no es la “patinada” del conseller Mas, cuando afirmó que 7 escuelas de elite recibirían 900 millones de pesetas de la Generalitat este año, en concepto de convenios “porque le sobraban”, o cuando intento rectificar afirmando que “no es que sobren es que estaba previstas en el presupuesto”. Lo más grave es que las tuvieran previstas.
No solo no tenían obligación, sino que los inspectores informaron negativamente esta ayuda a estas escuelas de elite. A pesar de ello el conseller Mas ve bien que se le dé dinero publico destinado a esas escuelas de elite.
Escuelas de elite porque niegan el acceso a los niños y niñas en función del poder adquisitivo de sus padres. Para poder entrar los padres abonan altas cantidades, millones incluso, a una fundación para que acepten a sus retoños y pagan mensualmente cantidades entre 100.000 y 500.000 pesetas.
Escuelas de elite porque no asumen, como hacen otras muchas escuelas privadas, los compromisos que la sociedad exige a quien quiere integrarse en la red pública de centros escolares. Compromisos para atender la diversidad social, personal, étnica, cultural o religiosa entre otras. En esas escuelas de elite, algunas ligadas al Opus Dei, llegan incluso a practicar una enseñanza en exclusiva a niños o a niñas, como en los viejos y rancios tiempos de la dictadura.
Nuestras leyes han consagrado junto al derecho y la obligación de la escolarización hasta los 16 años de los chicos y chicas, la responsabilidad de los poderes públicos, que aquí asume la Generalitat, de hacer efectivo ese derecho y la contribución de la sociedad a través de los impuestos para financiarla.
Ese dinero es pues para que los poderes públicos se provean de las plazas escolares, propias o concertadas, necesarias para cumplir la ley. No son dineros para que los gasten en lo que quieran y como quieran. El Conseller Mas no puede hacerse el rumboso con el dinero de todos.
La sociedad, a través del Parlamento, también ha diseñado una política educativa que busca atender la diversidad, hacer de la escuela un espacio para favorecer la igualdad de oportunidades y no un templo donde consagrar las desigualdades sociales.
La escuela que quiera formar parte del sistema publico de educación y recibir subvenciones ha de aceptar las condiciones generales, contribuir al esfuerzo social y favorecer la igualdad de oportunidades como ya hacen muchas de las escuelas concertadas.
El dinero público no puede financiar escuelas que crean barreras económicas, sociales o de cualquier tipo para discriminar a los niños y las niñas. o aquellas que sostienen idearios contrarios al respeto a la pluralidad ideológica o religiosa.
Es cierto que hay libertad para crear centros educativos y que hay libertad de enseñanza, pero de ahí a decir como afirman el Conseller Mas, la consellera Carme Laura o la asociación de los padres de las “Escuelas Libres” que se debe financiar todas las escuelas es una falacia.
El dinero público esta para financiar la oferta de enseñanza pública, gestionada directamente o de forma concertada con centros privados. Para lo que no esta el dinero público es para financiar todo lo que los propietarios de los centros quieran ofrecer y los padres del alumnado comprar.
¡Sr. Mas, aplique el principio de que “el que tenga vicios que se los pague” y no se haga el rumboso con el dinero de todos!. Sr. Mas no de más dinero para esas escuelas.
Article publicat a la revista AQUI

dijous, 5 de juliol del 2001

Bienvenido Mr. Marshall

“Bienvenido Mr. Marshall” es una estupenda película, protagonizada por Pepe Isbert, en la que un pueblo entero se disfraza, para agradar y conseguir el favor de los traían el progreso. Finalmente pasaban de largo sin ni siquiera pararse. La política del Gobierno Aznar padece el síndrome de “Bienvenido Mr. Marshall”. Todo es poco, para no desagradar a los poderosos y mucho, para atender a los que no lo son.
Desde que ha empezado el año, suenan tambores presagiando problemas para la economía a escala mundial. El globo de la llamada “nueva economía” se ha pinchado, las bolsas bajan y el consumo de las economías domésticas se resiente.
La situación no es globalmente dramática, pero conviene no menos preciarla ni negarla.
Cuando todo parece ir bien, hay quien lo pasa mal. Cuando las cosas no van tan bien, imagínense como lo pasaran los que siempre reciben.
Prepararse y actuar para evitar la recesión significa, dejar de hacer propaganda y ponerse corregir los factores que no funcionan. Empezando, por ejemplo, por controlar la subida de los precios, que sigue siendo el doble del resto de Europa.
Los medios de comunicación esta ofreciendo, desde hace días, noticias sobre la intención de reducir sus plantillas por parte de una serie de multinacionales. No es que estén teniendo perdidas, es que ya no ganan tanto.
No hay que ir muy lejos, hace poco una multinacional que se dedica a la fabricación de impresoras, ubicada en el Vallès, con benéficos decidió despedir a parte de la plantilla para irse a un lugar con condiciones de trabajo inferiores, para ganar más. Todo fueron facilidades, hasta por parte del Gobierno Pujol.
En estas actitudes es donde se aprecian las diferencies entre opciones progresistas y las conservadoras. Ese diferencia que Aznar niega, porque no le interesa.
Pero la realidad es muy tozuda, comparar la política de Jospin o Aznar, demuestra que hay formas diferentes de afrontar el mismo tema. Los efectos de la globalización sobre el empleo
En Francia, el gobierno de Jospin, ha decido promover una ley que endurezca las condiciones para los despidos de las empresas con beneficios. De los 36 días de salarios por año de servicio (10% del sueldo anual) pretende pasar a los 72 días (un 20%) e incrementar todavía más esa penalización si la persona despedida es mayor de 50 años. A eso debe sumarse un periodo de 6 meses a cargo de la empresa para que la persona despedida busque empleo y la aportación económica para favorecer su recolocación.
Aquí, decretazo de reforma laboral, rebajando el despido, los salarios y las condiciones sociales, con el apoyo de CiU.
En suma una actitud beligerante ante los que aprovechando las leyes del mercado pretenden ganar más mediante los despidos de sus plantillas a la primera de cambio, o una actitud sumisa.
El gobierno Jospin es el mismo al que cuando propuso la reducción a 35 horas semanales, o 1600 al año, mediante una ley de plazos que daba tiempo a prepararse y negociar, desde las filas de la derecha española y catalana, e incluso alguna voz desde la izquierda, le predijeron todo los males posibles para la economía francesa.
No solo no han fracasado, sino que van tan bien como nosotros, aunque con menos inflación, han reducido la jornada de trabajo, han creado empleo y han mejorado la organización del trabajo. Por eso nadie habla del éxito de esa reducción de la jornada a 35 horas, “es un mal ejemplo”. Si hubieran fracasado, como les vaticinaban, nos lo hubieran restregado por la cara en cada telediario.
Pues bien la historia se repite, ahora también se alzan voces que señalan que actuar contra el intento de despedir masivamente a trabajadores por parte de empresas con beneficios, las ahuyentará. ¿Qué nos proponen? Resignación y aceptación de las “inexorables leyes del mercado”, ponérselo fácil y no hacerlas enfadar.
Aquí el Gobierno Aznar, con el apoyo de su fiel escudero-prisionero CiU (atado de por su política de alianzas con el PP en el Parlament) practica la política de “Bienvenido Mr. Marshall”.
Ese no es el camino para hacer resolver las consecuencias del enfriamiento de la economía. El ejemplo, una vez mas, esta en las izquierdas progresistas.
Article publicat a la revista AQUI

diumenge, 1 de juliol del 2001

Vacaciones escolares

Han llegado las vacaciones escolares. Con el final de las clases ha saltado una también la polémica. ¿Debe alargarse el curso escolar?.
Miles de niños y niñas, chicos y chicas de primaria y secundaria han acabado el curso y ahora sin la obligación de ir a clase, aparecen como un problema para muchos padres. Este no es un problema nuevo, ni quizás tan grande como ha aparecido. Pero hace aflorar uno que cada vez es mayor.
Las familias han cambiado. En los últimos 20 años - lo que se entiende como una generación - en Catalunya se ha doblado el número de mujeres entre 20 y 44 años que trabajan. Las 375.000 mujeres que se han incorporado al trabajo en ese periodo, hacen que más del 60% de las mujeres entre esas edades trabajen. Por otro lado los abuelos u otros familiares no siempre residen en una proximidad que permita trasladarlos cada día para situarlos bajo su dependencia.
Esas son algunas raíces del problema real. Que un problema exista y sea conocido, no supone que su solución sea fácil.
Por eso resulta chocante que los máximos responsables gubernamentales de Catalunya en la materia lo despachen de forma tan rápida y displicente. Jordi Pujol ha imputado a los padres la voluntad de querer “aparcar los hijos”, en los centros escolares por plantear la posibilidad de reducir las vacaciones escolares en verano y para la consellera de Ensenyament, Carme Laura, la preocupación es no gastar ni una sola peseta más.
Es sabido que el problema no es de fácil solución, si lo fuera ya estaría resulto. Y no lo es porque afecta a intereses legítimos pero contrapuestos. Por un lado, la necesidad de padres y madres que trabajan de poder conciliar su vida familiar y laboral, por otro la de los maestros que con unos imperativos laborales y pedagógicos, pero por encima de todos el interés, las necesidades y las posibilidades de los niños y niñas. Buscar la conciliación de esos intereses es la tarea de cualquier gobierno democrático.
Por eso resultas doblemente escandaloso que quieran “sacudirse las pulgas”, pasando la responsabilidad a los padres o al presupuesto.
Hacer política de familia, es ayudar a las familias a resolver sus problemas. Lo contrario es llenarse la boca de defensa de la familia para dejarlas tiradas a la vuelta de la esquina. Estas son las actuaciones típicas de los gobernantes que no tiene a las personas y la solución de sus problemas como su prioridad
Las familias han cambiado, y todavía cambiaran más, porque un objetivo social, pero también económico, es que la mujer se incorpore al mundo del trabajo retribuido – en el del trabajo siempre estuvo –. Hasta ahora eso se ha producido “sacándoselo de las costillas” muchas mujeres. No se lo han puesto fácil y la sociedad lo ha pagado con bajas tasas de natalidad.
Si no ayudamos a las familias a resolver ese problema, si no se les hace más fácil la situación, no se alcanzara el doble objetivo de incrementar la tasa de empleo de las mujeres y de conciliar la vida familiar y laboral. Es hora de plantearse no solo que queremos invertir para cambiar esa situación, sino cuanto. Inversión que además de socialmente rentable es económicamente viable.
La forma de resolverlo no es cargárselo en exclusiva al cuerpo docente, por otro lado mayoritariamente femenino. Es acordando las modificaciones de los horarios escolares que pudiendo resultar más provechosas para la educación de los niños sean compatibles con los horarios anuales de los docentes y a su vez con los laborales de los padres y madres. En todo caso, hay que tener presente que esa no será la única solución al problema que las vacaciones escolares ponen al descubierto, sino una aportación más.
Las instalaciones y recursos educativos, están pagados por la sociedad y no tiene porque quedar cerrados, cuando no se imparten clases. Actividades extraescolares promovidas por padres y madres, en colaboración, o concierto, con administraciones y docentes pueden ser un punto de encuentro.
Una vez más, ese problema y sobre todo el camino y las necesidades para abordarlo, demuestran que el acuerdo de la comunidad educativa (alumnado, docentes y padres) es insustituible y que la diversidad de opciones aconseja que los Ayuntamientos tenga competencias en materia enseñanza primaria para abordarlo.
Article publicat a la Revista AQUI