“El que tenga vicios que se los pague”. Señalaban, incluso lo más rumbosos, cuando en un convite descartaban pagar aquellos complementos que algún invitado pretendía incluir en la cuenta general.
Esa debería ser la norma a aplicar cuando alguien pretende conseguir que con el dinero publico se financien escuelas de elite.
Lo más grave en este asunto no es la “patinada” del conseller Mas, cuando afirmó que 7 escuelas de elite recibirían 900 millones de pesetas de la Generalitat este año, en concepto de convenios “porque le sobraban”, o cuando intento rectificar afirmando que “no es que sobren es que estaba previstas en el presupuesto”. Lo más grave es que las tuvieran previstas.
No solo no tenían obligación, sino que los inspectores informaron negativamente esta ayuda a estas escuelas de elite. A pesar de ello el conseller Mas ve bien que se le dé dinero publico destinado a esas escuelas de elite.
Escuelas de elite porque niegan el acceso a los niños y niñas en función del poder adquisitivo de sus padres. Para poder entrar los padres abonan altas cantidades, millones incluso, a una fundación para que acepten a sus retoños y pagan mensualmente cantidades entre 100.000 y 500.000 pesetas.
Escuelas de elite porque no asumen, como hacen otras muchas escuelas privadas, los compromisos que la sociedad exige a quien quiere integrarse en la red pública de centros escolares. Compromisos para atender la diversidad social, personal, étnica, cultural o religiosa entre otras. En esas escuelas de elite, algunas ligadas al Opus Dei, llegan incluso a practicar una enseñanza en exclusiva a niños o a niñas, como en los viejos y rancios tiempos de la dictadura.
Nuestras leyes han consagrado junto al derecho y la obligación de la escolarización hasta los 16 años de los chicos y chicas, la responsabilidad de los poderes públicos, que aquí asume la Generalitat, de hacer efectivo ese derecho y la contribución de la sociedad a través de los impuestos para financiarla.
Ese dinero es pues para que los poderes públicos se provean de las plazas escolares, propias o concertadas, necesarias para cumplir la ley. No son dineros para que los gasten en lo que quieran y como quieran. El Conseller Mas no puede hacerse el rumboso con el dinero de todos.
La sociedad, a través del Parlamento, también ha diseñado una política educativa que busca atender la diversidad, hacer de la escuela un espacio para favorecer la igualdad de oportunidades y no un templo donde consagrar las desigualdades sociales.
La escuela que quiera formar parte del sistema publico de educación y recibir subvenciones ha de aceptar las condiciones generales, contribuir al esfuerzo social y favorecer la igualdad de oportunidades como ya hacen muchas de las escuelas concertadas.
El dinero público no puede financiar escuelas que crean barreras económicas, sociales o de cualquier tipo para discriminar a los niños y las niñas. o aquellas que sostienen idearios contrarios al respeto a la pluralidad ideológica o religiosa.
Es cierto que hay libertad para crear centros educativos y que hay libertad de enseñanza, pero de ahí a decir como afirman el Conseller Mas, la consellera Carme Laura o la asociación de los padres de las “Escuelas Libres” que se debe financiar todas las escuelas es una falacia.
El dinero público esta para financiar la oferta de enseñanza pública, gestionada directamente o de forma concertada con centros privados. Para lo que no esta el dinero público es para financiar todo lo que los propietarios de los centros quieran ofrecer y los padres del alumnado comprar.
¡Sr. Mas, aplique el principio de que “el que tenga vicios que se los pague” y no se haga el rumboso con el dinero de todos!. Sr. Mas no de más dinero para esas escuelas.
Esa debería ser la norma a aplicar cuando alguien pretende conseguir que con el dinero publico se financien escuelas de elite.
Lo más grave en este asunto no es la “patinada” del conseller Mas, cuando afirmó que 7 escuelas de elite recibirían 900 millones de pesetas de la Generalitat este año, en concepto de convenios “porque le sobraban”, o cuando intento rectificar afirmando que “no es que sobren es que estaba previstas en el presupuesto”. Lo más grave es que las tuvieran previstas.
No solo no tenían obligación, sino que los inspectores informaron negativamente esta ayuda a estas escuelas de elite. A pesar de ello el conseller Mas ve bien que se le dé dinero publico destinado a esas escuelas de elite.
Escuelas de elite porque niegan el acceso a los niños y niñas en función del poder adquisitivo de sus padres. Para poder entrar los padres abonan altas cantidades, millones incluso, a una fundación para que acepten a sus retoños y pagan mensualmente cantidades entre 100.000 y 500.000 pesetas.
Escuelas de elite porque no asumen, como hacen otras muchas escuelas privadas, los compromisos que la sociedad exige a quien quiere integrarse en la red pública de centros escolares. Compromisos para atender la diversidad social, personal, étnica, cultural o religiosa entre otras. En esas escuelas de elite, algunas ligadas al Opus Dei, llegan incluso a practicar una enseñanza en exclusiva a niños o a niñas, como en los viejos y rancios tiempos de la dictadura.
Nuestras leyes han consagrado junto al derecho y la obligación de la escolarización hasta los 16 años de los chicos y chicas, la responsabilidad de los poderes públicos, que aquí asume la Generalitat, de hacer efectivo ese derecho y la contribución de la sociedad a través de los impuestos para financiarla.
Ese dinero es pues para que los poderes públicos se provean de las plazas escolares, propias o concertadas, necesarias para cumplir la ley. No son dineros para que los gasten en lo que quieran y como quieran. El Conseller Mas no puede hacerse el rumboso con el dinero de todos.
La sociedad, a través del Parlamento, también ha diseñado una política educativa que busca atender la diversidad, hacer de la escuela un espacio para favorecer la igualdad de oportunidades y no un templo donde consagrar las desigualdades sociales.
La escuela que quiera formar parte del sistema publico de educación y recibir subvenciones ha de aceptar las condiciones generales, contribuir al esfuerzo social y favorecer la igualdad de oportunidades como ya hacen muchas de las escuelas concertadas.
El dinero público no puede financiar escuelas que crean barreras económicas, sociales o de cualquier tipo para discriminar a los niños y las niñas. o aquellas que sostienen idearios contrarios al respeto a la pluralidad ideológica o religiosa.
Es cierto que hay libertad para crear centros educativos y que hay libertad de enseñanza, pero de ahí a decir como afirman el Conseller Mas, la consellera Carme Laura o la asociación de los padres de las “Escuelas Libres” que se debe financiar todas las escuelas es una falacia.
El dinero público esta para financiar la oferta de enseñanza pública, gestionada directamente o de forma concertada con centros privados. Para lo que no esta el dinero público es para financiar todo lo que los propietarios de los centros quieran ofrecer y los padres del alumnado comprar.
¡Sr. Mas, aplique el principio de que “el que tenga vicios que se los pague” y no se haga el rumboso con el dinero de todos!. Sr. Mas no de más dinero para esas escuelas.
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