El trabajo no debe ser una maldición

Si una o más veces por semana, durante más de 6 meses le encomiendan trabajo en exceso o difícil de realizar cuando no innecesario, monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que no posee una cualificación adecuada (superior o inferior), se le impide que haga cualquier tipo de trabajo; se le niegan u ocultan los medios para realizarlo, se le realizan demandas contradictorias o excluyentes, obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones morales; recibe comentarios injuriosos, le ridiculizan o se ríen públicamente de Vd., de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o religiosas, de su estilo de vida.

Entonces, esta padeciendo lo que los técnicos han venido a llamar un acoso u hostigamiento moral en el trabajo, es decir “el ejercicio de una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y prolongada en el tiempo sobre una persona en el lugar de trabajo, por una o más personas”.
Si se ha reconocido, ¡no se extrañe!. Posiblemente pertenece a ese colectivo de más de11.000 persones del Baix Llobregat que lo están padeciendo. Esa cifra, el 5% de la población asalariada, resulta de aplicar las conclusiones, para el mercado laboral español, de la encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo internacional con presencia de gobiernos, patronales y sindicatos.
O quizás, es que sencillamente estamos tan acostumbrados a ver y padecer esas prácticas laborales, que no las reconocemos como causantes de los perjuicios que originan. Esas prácticas han formado parte casi inseparable de esa forma de organizar el trabajo donde el autoritarismo y la agresividad con los subordinados era la condición básica para obtener la máxima rentabilidad, o de esas, más “modernas”, que “exprimen” a las personas para obtener el máximo rendimiento de ellas, sin tenerlas en cuenta como tales. Por eso, nos resultan tan habituales. También eran habituales los andamios, sin redes y ahora empiezan a resultar extraños los que no los tienen, fue necesario explicarlo.
Las consecuencias de esas malas prácticas en las relaciones laborales producen efectos negativos para todos. En primer lugar para las personas afectadas, pero también para su entorno familiar, su entorno social e incluso para la propia empresa.
El acoso moral en el trabajo puede ser más difícil de reconocer y demostrar que otras anomalías laborales, aunque algunas sean tan burdas que resulten muy evidentes. El hecho de ser habituales las enmascara.
Esa dificultad se utiliza como una excusa para rehuir su solución, o la reparación de sus consecuencias. Salvando las distancias, es lo mismo que se dice para rechazar los cambios para respetar la seguridad en el trabajo. Se dice: “No esta demostrado que este agente (físico o químico) produzca esos daños”, “se están produciendo beneficios, mejor no cambiar” o “cuesta mucho ese cambio”.
Resolver las causas implica cambios. Las empresas, en la forma de dirigir, organizar el trabajo para que las relaciones laborales no sean origen de problemas. Las administraciones (laborales y sanitarias) para abordar la prevención, persecución y sanción de esas conductas y la reparación de sus efectos, como en cualquier enfermedad profesional.
Cuando el acoso moral en trabajo, dura en el tiempo, puede llegar a originar daños en la salud de quines lo padecen. El insomnio, la ansiedad, el estrés, la depresión o enfermedades psicosomáticas son algunas.
A veces a las víctimas les cuesta relacionar el origen de sus trastornos con su situación en el trabajo. Lo imputan a otras razones o simplemente no son conscientes. Pero hay una constante en todas ellas, esa sensación de angustia o temor para ir al trabajo que lo transforma en una tortura diaria.
Si no se abordan las causas no se resolverá el problema. No es con Prozac sino con unas buenas relaciones laborales con lo que debe hacerse frente.
Conocer y reconocer las practicas de acoso moral es la condición para evitarlas y hacer que el trabajo no sea una maldición divina. Este mundo no es un valle de lagrimas al que hemos venido a sufrir, sino un lugar donde conseguir el objetivo de ser felices.

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VASCOS SÍ, ETA NO

Han ganado los vascos y ha perdido ETA. Ha ganado la vida y ha perdido el terror. Han ganado el dialogo y la palabra y han perdido las pistolas y las bombas. Ha ganado la democracia y ha perdido la dictadura. Eso fue lo que pasó, el domingo 13 de mayo, en las elecciones vascas.
Con una participación del 80%, el mensaje es indiscutible. La ciudadanía del País Vasco deja sentenciado que no quiere a ETA. Pacífica y democráticamente arrinconaron a los que defienden o no condenan la muerte, los atentados y los asesinatos.
Estas elecciones han supuesto el hundimiento electoral de EH. La candidatura que encabeza Arnaldo Otegi, fue la única que perdió votos, aunque votó mucha más gente. Les han abandonado más de 80.000 personas. Personas que no han matado ni mataran nunca, pero les daban apoyo político. No los han abandonado por miedo a lo español, como cínicamente afirman. ¡Que ellos hablen de miedo, tiene “bemoles” la cosa!.
La razón es que además de personas, ETA pretende matar las esperanzas de todos. Esas personas son nacionalistas y seguramente independentistas que no quieren construir su país sobre la muerte. Ganaremos la paz el día que las que quedan abandone esa trinchera. Ese día ETA no será mas que el GRAPO.
Que ETA no escucha las urnas, lo sabemos. No lo ha hecho nunca. El atentando contra un periodista dos día después de las elecciones lo demuestra. Por eso será necesaria también eficacia policial y apoyo internacional, pero sin atraer hacia la paz a más y más personas no se ganara de forma definitiva a esa banda.
Por eso, la responsabilidad de todas las fuerzas democráticas PNV-EA, PP-UA, PSE e IU es recoger el mandato de la ciudadanía y llevarlo a la practica.
Las legitimas diferencias políticas sobre el modelo de estado y sociedad, que se defienden democráticamente, no pueden ser una grieta por la que se cuele la violencia y los violentos. La división de los demócratas solo ha beneficiado a los violentos. Es verdad que la unidad de las fuerzas democráticas no resuelve las cosas automáticamente, pero también lo es que sin ella no hay solución.
Estas elecciones permiten que se reconstruyan los puentes. Independientemente de la composición que finalmente tenga el Gobierno que presida Ibarrretxe, no contará, como en el pasado, con el soporte de los que no han condenado las muertes y los atentados. Esta pasada por las urnas permite a todos que, igual que el ave Fénix, que renacía de las cenizas, el nuevo Gobierno Vasco tenga una nueva e indiscutible legitimidad democrática. Seria bueno que fuera de amplia base, pero, en todo caso, lo imprescindible es que se reconstruya el dialogo para abordar la paz.
Si se coincide en la necesidad del dialogo entre los demócratas, los discursos que tratan al pueblo vasco de inmaduro o exigen rectificaciones de todos menos de ellos, como hace Aznar, solo son una prolongación de una errónea campaña planteada en términos de confrontación.
La política en términos Aznarianos se reduce a hacer hincar la rodilla a los adversarios si no ceden a sus pretensiones. ¡Sino que se lo pregunten a CiU!. Esa forma de hacer política también ha perdido en estas elecciones.
Posiblemente todos deban, debamos, rectificar. Rectificar para superar la división y el enfrentamiento entre demócratas y trabajar para la paz. Quien no lo haga, lo pagará en las urnas.
El único frente que hay que fortalecer es contra la violencia, por la paz y la convivencia.
Desde aquí, creemos comprender lo que se ha votado: “Vascos sí, ETA no”.

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La foto del pacto de las pensiones

La foto del pacto sobre las pensiones era inédita. Entre las diferentes combinaciones posibles entre Gobierno, CEOE, CC.OO. y UGT, la foto del pasado lunes 9 de abril no se había producido nunca. Era inédita.
Es la primera vez que CC.OO. firma, en soledad sindical, con el gobierno – del partido popular – y la CEOE.
Hay que remontarse 17 años, hasta 1984, para encontrar una foto similar, que no idéntica. Entonces UGT firmó, por última vez en solitario, con el gobierno – entonces socialista - y la CEOE el Acuerdo Económico y Social.
Cuatro años después ambos sindicatos convocaban una huelga general, el 14-D. España vivía una época de fuerte crecimiento económico, como se dice ahora: “España iba bien”. Las fuerzas sindicales consideraban que la distribución de la riqueza no era equitativa, que los sectores sociales no se estaban beneficiando suficientemente del crecimiento económico. Aquella huelga se hizo contra los contratos de aprendizaje para jóvenes, por el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios y por la recuperación de la deuda histórica de los pensionistas.
La situación es similar a la actual, pero no idéntica. Había entonces y hay ahora un Gobierno con mayoría absoluta, entonces del PSOE y ahora del PP.
El decretazo del Gobierno acaba de extender el contrato de aprendizaje, reservado para los jóvenes, a casi todos los trabajadores, los funcionarios han visto como se negaba el incremento pactado, basándose en el derecho de negociación colectiva que habían ganado en el 90.
A pesar de lo que se parece la situación, la valoración sindical ha sido muy distinta. Tanto, que se ha producido una grieta entre les dos organizaciones, que el gobierno ha sabido aprovechar hábilmente.
Mientras UGT, consideraba que había motivos para convocar una movilización general, CC.OO. consideraba que no había condiciones. Motivos y condiciones, ni son lo mismo, ni van siempre unidos.
En ese contexto, el Gobierno ha movido ficha con rapidez.
Ha logrado un acuerdo sobre pensiones claramente insuficiente. Ciertamente, no empeora nada, pero las mejoras son muy limitadas.
A cambio de que la Seguridad social financie al Estado durante 12 años más – contradiciendo los plazos del Pacto de Toledo – las pensiones de viudedad subirán del 45% al 52% de la pensión del fallecido. Desgraciadamente, se puede producir la paradoja que las viudas que cobran la pensión mínima, gracias a los complementos, no vean incrementada su pensión y las que cobran más de la pensión mínima, sí la verán incrementada.
A cambio de alargar voluntariamente la edad de jubilación, se podrá acceder a la jubilación a partir de los 61 años, si se han cotizado 30 y hace más de 6 meses que el empresario te ha despedido. Se mantiene, pues, la imposibilidad que los que no cotizaban antes del 1 de enero de 1967 se jubilen anticipadamente cuando lo decidan.
A cambio de que hasta el 2003, para calcular la pensión se tomen las cotizaciones de los 15 años anteriores a la jubilación el Gobierno mantiene su objetivo de contabilizar toda la vida laboral de candidato a jubilarse, a partir de esa fecha. Y pensar que en 1985, CC.OO. convocó una huelga general porque la ley de las pensiones del PSOE elevaba de 2 a 8 años el periodo para calcular la pensión.
La UGT ha exigido cambios en estos temas para firmarlo, pero la respuesta del Gobierno ha sido: ¡No se cambia ni una coma, esto es lo que hay!. Otra expresión más de la prepotencia de este gobierno “popular”. Era de esperar.
Quizás no lo era tanto - al menos para mí - el hecho de que la otra central no haya movido ni una ceja para evitar que se produjera esa ausencia.
Lo más preocupante de esa foto no es el acuerdo que refleja, sino el desacuerdo que evidencia. La profunda grieta que se ha abierto en la unidad de acción entre los dos sindicatos mayoritarios, ha resquebrajando una practica que se había demostrado útil y eficaz, durante los últimos 15 años, para los intereses de las personas que viven de su esfuerzo. Precisamente en el momento en que se necesita dar la repuesta a una reforma laboral regresiva. Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, no creo que la foto de ese pacto sobre las pensiones, por otro lado tan insuficiente, valga más que la unidad de acción sindical que se pone en peligro. Que alguien explique el porque de esa foto.

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Desequilibrada e inútil

Ni en el fondo, ni en la forma es aceptable. La reforma laboral del Gobierno es desequilibrada e inútil.
Resolver el exceso de temporalidad y las malas condiciones de trabajo (salariales y de seguridad) con más temporalidad y más precariedad en la contratación, es tan peligroso e inútil como combatir el fuego con fuego, Pues bien, la reforma laboral del gobierno Aznar hace eso.
Los personas jóvenes, sobre todo las que no tiene estudios, las mayores de 45 años, las mujeres, las que llevan largas temporadas fuera del mercado de trabajo, las personas que proceden de la inmigración y las que padecen alguna discapacidad son las que concentran ahora las condiciones de contratación más adversas.
Esos son los colectivos, que más que objeto parecen objetivo, de la reforma laboral.
Para sacarlos de la precariedad se les ofrecen contratos de formación y a tiempo parcial. Contratos de formación a salario mínimo y sin derecho a paro ni jubilación. Contratos a tiempo parcial sin las garantías negociadas hace unos años por los sindicatos y en los que para entrar en la empresa, (cuando la persona que quiere trabajar ni puede exigir ni negociar) hay que aceptar las condiciones de quien contrata, diferentes al resto de la plantilla.
Para combatir su inestabilidad laboral se le ofrecen un despido mas barato a los fijos ú 8 días de indemnización por año trabajado a los temporales,
Esos colectivos si son despedidos después de ser fijos, su despido pasa de 45 días a 33 días de indemnización por año trabajado, y de un máximo de 54 mensualidades a 24 mensualidades.
“El gran avance” de dotar a los contratos temporales de una indemnización de 8 días por año trabajo, además de no llegar ni a los 12 días que se habían alcanzado antaño, no supone una penalización seria para evitar los contratos de trabajo de pocos días o semanas que proliferan actualmente.
Esas son las razones que hacen inútil esta reforma. Los contenidos de esta reforma no van a resolver los problemas del mercado de trabajo. Seguiremos teniendo un mercado de trabajo dual. La temporalidad y la precariedad seguirán castigando a los colectivos con mas dificultades para ocuparse.
Pero si el fondo es rechazable la forma es deplorable. Porque desequilibra las relaciones laborales.
Cuando el arbitro esta a favor de una de las partes el partido no solo es injusto, sino que el beneficiario ni se esfuerza en jugar. Eso es lo que ha pasado, la patronal no ha tenido ningún interés en negociar con los sindicatos. Ya le habían prometido el trofeo antes de jugar,
Este gobierno - que esta transformando su mayoría absoluta en absolutista - anunciando y publicando, por sus reales, el Decreto Ley no solo ha jugado a favor de las posiciones de la CEOE, sino que ha modificado las reglas del juego.
Desde 1980 con el Estatuto de los Trabajadores, las reformas laborales, con más o menos aceptación y éxito, han estado dirigidas a sustituir la protección de la Administración por la autoprotección y el protagonismo de la negociación entre patronales y sindicatos.
Por ello, cada modificación de los derechos individuales se reequilibraba reforzando los derechos colectivos (huelga, reunión, sindicación, información), la protección social, o se potenciaba el acuerdo de las partes a través de los convenios, como forma de regular las condiciones. Era la forma de conseguir que la flexibilidad no se transformara en inseguridad.
Esta reforma esta hecha a favor de una de las partes, la única que se ha manifestado a favor, la patronal. Por eso no nace huérfana como la de 1994, que no era la que querían ninguna de las partes. Esta reforma si tiene quien la quiera, la patronal.
Desequilibrar las relaciones laborales es incentivar el conflicto laboral. Ya lo hemos conocido y vivido en el pasado.
Aznar es un nostálgico de ese pasado, sin libertades y con menos derechos laborales, por eso pretende que las condiciones laborales del siglo XXI se parezcan a las del siglo XIX. De ahí su anuncio-amenaza que su siguiente paso será que las conquistas y derechos de los convenios se pierdan cada 31 de diciembre y se deba empezar de nuevo desde el salario mínimo y las 40 horas.

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¡¡Con la escuela no se juega!!

Estamos en tiempo de preinscripciones para la matriculación. Ahora es le momento en el que se configuraran las aulas del próximo curso 2001-2002.
Este no es un tema burocrático o administrativo, sino de gran trascendencia.
La mayoría de los jóvenes pasaran 8 años en ese centro, si hablamos de la educación, y como mínimo 4 si hablamos de la secundaria. Años en los que se formara como persona. Años en los que adquirirá una serie de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que le acompañaran durante toda su vida. No digo: “le marcaran para toda la vida”, porque afortunadamente las personas nos seguimos haciendo durante toda nuestra existencia. Pero, el periodo de escolarización es muy importante.
La Sra. Carme Laura Gil, Consellera d’Ensenyament del Govern de Pujol, se muestra testaruda y dogmática. No quiere modificar el decreto de matriculaciones, que todo el mundo le pide que retire.
El Síndic de Greuges, nuestro Defensor del Pueblo catalán, le ha pedido que lo modifique. El Consell Escolar de Catalunya, representante plural de todos las parte presentes en la educación (padres, alumnos, profesores, etc.), se ha pronunciado en contra.
Ambos están en desacuerdo en la forma como pretende repartir los jóvenes en los centros educativos.
Pero ella, erre que erre, aunque yerre.
¿Porque tanta intransigencia, por parte de la Consellera?. ¿Por carácter personal? No. Sencillamente, porque está defendiendo el interés de los sectores más conservadores de la sociedad.
La realidad social y sobre todo la convivencia en los pueblos y ciudades no se puede percibir desde la sede de la Conselleria d’Ensenyament. Las personas que tienen la responsabilidad de dirigir las delegaciones habían establecido unas relaciones muy positivas para resolver los problemas. Ahora con su decreto, esta honorable señora, deja a los representantes del pueblo más próximos, los ayuntamientos, como simples anotadores y los ciudadanos como súbditos. Por ahí no vamos bien.
Despreciar el dialogo entre las instituciones y entre los protagonistas es absurdo, temerario y peligroso. Precisamente ahora, cuando la sociedad esta inmersa en el debate de cómo fortalecer y profundizar la convivencia, en un escenario de cambios protagonizados por el fenómeno de la inmigración.
Sindic de Greuges y Consell Escolar han propuesto un proceso de matriculación que favorezca la integración de los jóvenes inmigrantes, evitando “guetos escolares”, donde se acabe cronificando su separación con el resto de los jóvenes autóctonos.
La integración y la multiculturalidad no se producirán por generación espontánea. Como la mayoría de las cosas buenas y deseables requieren dedicación, recursos y cariño.
El recurso demagógico de intentar imputar una actitud antisocial a los que buscan una distribución de los jóvenes inmigrantes entre todos los centros educativos de los diferentes pueblos ciudades, que se sostienen con fondos públicos, no esconde más que un interés en proteger a una parte de los centros concertados, los de elite.
Para más abundamiento y recochineo, esta señora ha decido que con fondos públicos financiemos a centros escolares, donde los chicos y las chicas cursan estudios por separado, los padres abonan más de 100.000 pesetas al mes, a una Fundación. Perdone, Sra Laura Gil, ¡quien tenga vicios que se los pague!.
Los centros privados concertados, de matriz religiosa o privada, no son el problema. El problema es el trato de favor que le da Vd. y el Consell Executiu a algunos centros privados concertados, los de la elite.
Muchos de los centros concertados, en nuestra comarca, asumen los mismos deberes y obligaciones que los centros públicos, y solo repercuten aquellos gastos extraescolares racionales (colonias o comedores) sino tienen subvenciones públicas o becas para que no deban soportarlos los padres. Trabajan como los públicos para atender la diversidad en sus aulas. Diversidad por motivos de genero (chicos y chicas), de origen (autóctonos e inmigrantes), de costumbres, de lengua materna (castellanohablantes, catalanohablantes, francófonos, chinos, lenguas árabes, etc..) o de capacidad (disminuciones físicas, sensoriales e incluso psíquicas).
Por eso resulta insoportable que desde la altanería y la prepotencia se juegue con la escuela para defender interés no declarables, pero lo que resulta insultante es que acuse de antisociales a los que le recriminan su practica elitista.
Sra, Carme Laura Gil, con la escuela no se juega. Es demasiado importante, en ello le va el futuro a toda una generación.

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Azuzar la intolerancia

¡Señora Marta Ferrusola, tiene todo el derecho a decir lo que ha dicho!. Y yo ha decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con usted, ni con la forma ni con el fondo de lo que ha dicho.
Primero, porque los inmigrantes no han sido nunca un peligro para la cultura o el idioma de esta tierra. Ni cuando procedían de otras zonas de España, ni ahora. Solo desde una concepción obsesiva, estrecha y cerrada de Catalunya, desde el objetivo de pretender la asimilación, que no la integración, de los inmigrantes se ve como una amenaza que no pidan ayuda, o de comer, en catalán o que estén más preocupados por su subsistencia que por conocer donde están.
Segundo, porque no es cierto que su marido, el President Pujol, “está cansado de entregarles viviendas a magrebies o gente así”. Ni 400 viviendas de régimen especial se acaban cada año y además no son para inmigrantes, sino que se venden a las personas con menos ingresos. Entiendo que reconozca que el President Pujol este cansado, pero debe ser de otra cosa, no de eso.
Tercero, por identificar la religión católica con la de los catalanes y catalanas. Aquí, por si no lo sabe, existe una pluralidad de creencias religiosas, católicas o no, y sobre todo una tolerancia hacia el culto y las practicas de los demás. No quiera romperlas apelando a que las creencias religiosas de algunos de los inmigrantes, los musulmanes para ser exactos, son un peligro para la convivencia. La convivencia se resiente por la intolerancia. La de los ateos, agnósticos, católicos, musulmanes, budistas, o cualquier otro y no es imitando su intolerancia como se avanza.
Cuarto, por denigrar su solicitud de que les respetemos formas culturales que no atentan contra derechos fundamentales de las personas. ¿Quién se escandalizaría si un católico practicante dijera que no puede aceptar carne un viernes de cuaresma? Entonces, ¿porqué recriminarles que no acepten la carne de cerdo o cordero matado de una determinada manera?
Señora Ferrusola, quizás como dicen su marido, el President Pujol, y el sustituto que se ha designado, el Sr, Mas Gabarro, usted ha expresado lo que piensa que otras personas piensan.
Usted tiene derecho a decirlo, aunque sea un error, porque usted no es responsable, políticamente hablando. Ellos no. Ellos son personas que tienen obligaciones y responsabilidades públicas y políticas.
“La política no es el arte de decir en voz alta lo que ellos piensan que la gente piensa” ha dicho Pascual Maragall. Que las personas tengamos temores, intranquilidades o incluso odios, no significa que esos sentimientos sean convenientes, correctos o legales.
Si piensan que mucha gente piensa eso, lo que deberían hacer es proponer soluciones y no alimentar la desinformación, eludir la responsabilidad y azuzar la intolerancia. A usted, Señora Marta Ferrusola, no le es exigible - si es deseable - pero a ellos sí. Resulta alarmante que nuestros máximos representantes sean tan comprensivos con discursos como el suyo y que todavía es la hora que nos digan si, además de entenderlo, lo comparten.
La inmigración no crea los problemas, pero puede acrecentarlos. Los barrios no se degradan por los inmigrantes, sino que se concentran en los barrios que ya estaban deteriorados. La inmigración no crea los problemas de la escuela, pero los agrava. La inmigración no crea los problemas de la explotación en el trabajo, sino que resulta más fácil, si se les niegan sus derechos.
Tenemos pocos inmigrantes, pero mal repartidos. Hay barrios o pueblos concretos con concentraciones excesivas. Abordar los problemas de vivienda, escuela y trabajo de todos los que viven ahí, autóctonos o inmigrantes, es trabajar para la solución.
Azuzar la intolerancia, dar satisfacción a los instintos más primarios (el miedo, la desconfianza, el odio) no es como se deben abordar esos problemas. Esa actitud puede dar votos, pero es tan irresponsable como echar gasolina al fuego.

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Poca resistencia a la fustración

Las personas inmaduras se detectan por su poca resistencia a la frustración. Cuando un niño pierde o se le niega algo responde con una “pataleta” o destrozando algo, Cuando rompe algo, niega su responsabilidad. Las personas adultas, si han madurado, no actúan así.
De hecho, las personas maduramos en la medida en que somos capaces de comprender que el resto del mundo no esta para servirnos u obedecernos. Comprender que además de nuestros intereses están los de los demás. Comprender que esos intereses no tienen que supeditarse a los nuestros. Comprender que no siempre nos podemos salir con la nuestra. Comprender que no nos regalaran casi nada importante y que tendremos que trabajar para conseguirlo. Comprender que nuestra acción nos comporta responsabilidades.
En suma, asumir las responsabilidades, las dificultades, las limitaciones y reaccionar no resignándose frente a la frustración es signo de madurez. Trabajar, dialogar, buscar que la satisfacción de nuestros intereses sea compatible con los intereses de otros, es una manera positiva de afrontar la. .
Esa es la diferencia entre la actitud de las personas bien y mal criadas.
Por eso, se puede afirmar que el Gobierno de Aznar es un gobierno malcriado. Se había acostumbrado a que todo le saliera bien sin esfuerzo. Pero cuando algo no le sale según su voluntad, reacciona como los niños o las personas inmaduras o malcriadas.
Indulta a un juez prevaricador, que participó, en su campaña para controlar los medios de comunicación y cuando los jueces le enmiendan la plana, los acusa de poner en peligro el estado de derecho.
La crisis de las vacas, es una de las “cositas” que no son su culpa, están por toda Europa. Su culpa tal vez no, pero su responsabilidad, sí.
Otro ejemplo lo encontramos en el tema de la congelación del sueldo a los empleados públicos en 1997. Como la Audiencia Nacional le niega esa posibilidad la acusa de atentar contra el Parlamento, intenta enfrentar a los empleados públicos contra el resto de la ciudadanía o cargar la responsabilidad en el gobierno socialista. Todo antes que asumir su equivocación.
En Agosto de 1996, 4 meses después de acceder al gobierno, Aznar firma un decreto rebajando los impuestos a los que más tenían. Un mes después les anuncia a los representantes de la función pública, que no respetara un acuerdo firmado y les congelara el sueldo. No había dinero para ellos, pero sí para los más poderosos. De nuevo, la prepotencia con los débiles y la sumisión a los fuertes, que caracteriza su conducta.
Por más que le hubiera gustado, la llegada al Gobierno de Aznar no fue un cambio de régimen, sino simplemente de gobierno. Los acuerdos de gobiernos anteriores debían respetarse y mantenerse. Así se lo recuerda la Audiencia Nacional.
Los empleados públicos habían firmado con el anterior gobierno un acuerdo para el periodo 95-97, en el que fijaban condiciones de trabajo y salario. En él recuperaban parte de la congelación del 94, realizada en un contexto de perdida de empleo importantísima.
Lo que resulta más significativo de ese planteamiento es el menosprecio a esos acuerdos sindicales frente al extremo respeto que se tiene a las deudas con las constructoras que han efectuado las obras públicas o las entidades bancarias que han cedido dinero al Gobierno. Esas deudas o esos compromisos son incluidos en los presupuestos sin cuestionarlos.
En el caso de que su satisfacción cree problemas al erario público, se negocia con ellos. Se aplica aquella máxima de la negociación por la que: “la modificación de un acuerdo, es cosa de todos los que lo suscribieron, no de una de las partes”. Con los empleados públicos se actúa diferente, sencillamente se incumple el acuerdo y no se negocia.
La sentencia de la Audiencia Nacional contra la congelación de los empleados públicos no es un atentado contre el poder del Parlamento sino contra la falta de respeto a los acuerdos. El Partido Popular, con el apoyo de CiU, los rompieron, ahora deben asumir sus consecuencias, que no es otra que negociar como se paga, no si se paga o no.
Haría bien el gobierno en madurar, asumir un poco más de resistencia a sus frustraciones y dejar de culpar al resto de los problemas que tiene encima de la mesa y emplearse a fondo en resolverlos.

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