El Estado no es, ni será, residual en Catalunya.
La reforma del Estatut no debilita al Estado, sino todo lo contrario. No hace residual al Estado en Catalunya, si a la Administración General, que no es lo mismo. Porque todos los niveles de la Administración son Estado. Estado son todos.
El incremento de competencias, responsabilidades y recursos del Govern de la Generalitat, o los Ayuntamientos, procedentes de la Administración General del Estado no lo debilita. Lo ordena de forma diferente.
España, en un proceso de reconocimiento de la capacidad de autogobierno de Catalunya, ha establecido un reparto de funciones entre sus niveles de administración para atender mejor a los personas. Acercándolas hacia las administraciones mas próximas. Ese el núcleo fundamental de la ley orgánica española, que es el Estatut. Por eso, y para eso, la refrendamos mayoritariamente el 18 de junio.
Organizar territorialmente el Estado no es reducirlo, es transformarlo.
Para reducirlo a residual hay que pasar del estado del bienestar a la sociedad asistencial, abandonando el papel de garante de los derechos básicos de la ciudadanía (salud, educación, empleo, pensiones, dependencia, seguridad, etc...) y limitando su papel al de gestor de las políticas asistenciales para los mas necesitados, o dejar a su suerte a las clases medias y obreras y que ejerza solo la beneficencia con los pobres, para lavar conciencias y evitar estallidos sociales, o negar la solidaridad, en una sociedad que hace de la igualdad de oportunidades para todos sus componentes, independientemente de su origen social, su regla de convivencia.
Lo que reduce a residual el Estado no es el Estatut. Seria la aplicación de las políticas de CiU o el PP, que en temas sociales, buscan reducirlo a complementario, o dilapidan el esfuerzo de control presupuestario realizado, al eliminar selectivamente impuestos, restando capacidad de actuación publica a la Generalitat.
El Estado constitucional español es el resultado de una voluntad colectiva. La forma como distribuya la gestión entre sus partes, ni lo rompe, ni lo reduce.
Las políticas sociales que se hagan, sí.
La reforma del Estatut no debilita al Estado, sino todo lo contrario. No hace residual al Estado en Catalunya, si a la Administración General, que no es lo mismo. Porque todos los niveles de la Administración son Estado. Estado son todos.
El incremento de competencias, responsabilidades y recursos del Govern de la Generalitat, o los Ayuntamientos, procedentes de la Administración General del Estado no lo debilita. Lo ordena de forma diferente.
España, en un proceso de reconocimiento de la capacidad de autogobierno de Catalunya, ha establecido un reparto de funciones entre sus niveles de administración para atender mejor a los personas. Acercándolas hacia las administraciones mas próximas. Ese el núcleo fundamental de la ley orgánica española, que es el Estatut. Por eso, y para eso, la refrendamos mayoritariamente el 18 de junio.
Organizar territorialmente el Estado no es reducirlo, es transformarlo.
Para reducirlo a residual hay que pasar del estado del bienestar a la sociedad asistencial, abandonando el papel de garante de los derechos básicos de la ciudadanía (salud, educación, empleo, pensiones, dependencia, seguridad, etc...) y limitando su papel al de gestor de las políticas asistenciales para los mas necesitados, o dejar a su suerte a las clases medias y obreras y que ejerza solo la beneficencia con los pobres, para lavar conciencias y evitar estallidos sociales, o negar la solidaridad, en una sociedad que hace de la igualdad de oportunidades para todos sus componentes, independientemente de su origen social, su regla de convivencia.
Lo que reduce a residual el Estado no es el Estatut. Seria la aplicación de las políticas de CiU o el PP, que en temas sociales, buscan reducirlo a complementario, o dilapidan el esfuerzo de control presupuestario realizado, al eliminar selectivamente impuestos, restando capacidad de actuación publica a la Generalitat.
El Estado constitucional español es el resultado de una voluntad colectiva. La forma como distribuya la gestión entre sus partes, ni lo rompe, ni lo reduce.
Las políticas sociales que se hagan, sí.
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