Han llegado las vacaciones escolares. Con el final de las clases ha saltado una también la polémica. ¿Debe alargarse el curso escolar?.
Miles de niños y niñas, chicos y chicas de primaria y secundaria han acabado el curso y ahora sin la obligación de ir a clase, aparecen como un problema para muchos padres. Este no es un problema nuevo, ni quizás tan grande como ha aparecido. Pero hace aflorar uno que cada vez es mayor.
Las familias han cambiado. En los últimos 20 años - lo que se entiende como una generación - en Catalunya se ha doblado el número de mujeres entre 20 y 44 años que trabajan. Las 375.000 mujeres que se han incorporado al trabajo en ese periodo, hacen que más del 60% de las mujeres entre esas edades trabajen. Por otro lado los abuelos u otros familiares no siempre residen en una proximidad que permita trasladarlos cada día para situarlos bajo su dependencia.
Esas son algunas raíces del problema real. Que un problema exista y sea conocido, no supone que su solución sea fácil.
Por eso resulta chocante que los máximos responsables gubernamentales de Catalunya en la materia lo despachen de forma tan rápida y displicente. Jordi Pujol ha imputado a los padres la voluntad de querer “aparcar los hijos”, en los centros escolares por plantear la posibilidad de reducir las vacaciones escolares en verano y para la consellera de Ensenyament, Carme Laura, la preocupación es no gastar ni una sola peseta más.
Es sabido que el problema no es de fácil solución, si lo fuera ya estaría resulto. Y no lo es porque afecta a intereses legítimos pero contrapuestos. Por un lado, la necesidad de padres y madres que trabajan de poder conciliar su vida familiar y laboral, por otro la de los maestros que con unos imperativos laborales y pedagógicos, pero por encima de todos el interés, las necesidades y las posibilidades de los niños y niñas. Buscar la conciliación de esos intereses es la tarea de cualquier gobierno democrático.
Por eso resultas doblemente escandaloso que quieran “sacudirse las pulgas”, pasando la responsabilidad a los padres o al presupuesto.
Hacer política de familia, es ayudar a las familias a resolver sus problemas. Lo contrario es llenarse la boca de defensa de la familia para dejarlas tiradas a la vuelta de la esquina. Estas son las actuaciones típicas de los gobernantes que no tiene a las personas y la solución de sus problemas como su prioridad
Las familias han cambiado, y todavía cambiaran más, porque un objetivo social, pero también económico, es que la mujer se incorpore al mundo del trabajo retribuido – en el del trabajo siempre estuvo –. Hasta ahora eso se ha producido “sacándoselo de las costillas” muchas mujeres. No se lo han puesto fácil y la sociedad lo ha pagado con bajas tasas de natalidad.
Si no ayudamos a las familias a resolver ese problema, si no se les hace más fácil la situación, no se alcanzara el doble objetivo de incrementar la tasa de empleo de las mujeres y de conciliar la vida familiar y laboral. Es hora de plantearse no solo que queremos invertir para cambiar esa situación, sino cuanto. Inversión que además de socialmente rentable es económicamente viable.
La forma de resolverlo no es cargárselo en exclusiva al cuerpo docente, por otro lado mayoritariamente femenino. Es acordando las modificaciones de los horarios escolares que pudiendo resultar más provechosas para la educación de los niños sean compatibles con los horarios anuales de los docentes y a su vez con los laborales de los padres y madres. En todo caso, hay que tener presente que esa no será la única solución al problema que las vacaciones escolares ponen al descubierto, sino una aportación más.
Las instalaciones y recursos educativos, están pagados por la sociedad y no tiene porque quedar cerrados, cuando no se imparten clases. Actividades extraescolares promovidas por padres y madres, en colaboración, o concierto, con administraciones y docentes pueden ser un punto de encuentro.
Una vez más, ese problema y sobre todo el camino y las necesidades para abordarlo, demuestran que el acuerdo de la comunidad educativa (alumnado, docentes y padres) es insustituible y que la diversidad de opciones aconseja que los Ayuntamientos tenga competencias en materia enseñanza primaria para abordarlo.
Miles de niños y niñas, chicos y chicas de primaria y secundaria han acabado el curso y ahora sin la obligación de ir a clase, aparecen como un problema para muchos padres. Este no es un problema nuevo, ni quizás tan grande como ha aparecido. Pero hace aflorar uno que cada vez es mayor.
Las familias han cambiado. En los últimos 20 años - lo que se entiende como una generación - en Catalunya se ha doblado el número de mujeres entre 20 y 44 años que trabajan. Las 375.000 mujeres que se han incorporado al trabajo en ese periodo, hacen que más del 60% de las mujeres entre esas edades trabajen. Por otro lado los abuelos u otros familiares no siempre residen en una proximidad que permita trasladarlos cada día para situarlos bajo su dependencia.
Esas son algunas raíces del problema real. Que un problema exista y sea conocido, no supone que su solución sea fácil.
Por eso resulta chocante que los máximos responsables gubernamentales de Catalunya en la materia lo despachen de forma tan rápida y displicente. Jordi Pujol ha imputado a los padres la voluntad de querer “aparcar los hijos”, en los centros escolares por plantear la posibilidad de reducir las vacaciones escolares en verano y para la consellera de Ensenyament, Carme Laura, la preocupación es no gastar ni una sola peseta más.
Es sabido que el problema no es de fácil solución, si lo fuera ya estaría resulto. Y no lo es porque afecta a intereses legítimos pero contrapuestos. Por un lado, la necesidad de padres y madres que trabajan de poder conciliar su vida familiar y laboral, por otro la de los maestros que con unos imperativos laborales y pedagógicos, pero por encima de todos el interés, las necesidades y las posibilidades de los niños y niñas. Buscar la conciliación de esos intereses es la tarea de cualquier gobierno democrático.
Por eso resultas doblemente escandaloso que quieran “sacudirse las pulgas”, pasando la responsabilidad a los padres o al presupuesto.
Hacer política de familia, es ayudar a las familias a resolver sus problemas. Lo contrario es llenarse la boca de defensa de la familia para dejarlas tiradas a la vuelta de la esquina. Estas son las actuaciones típicas de los gobernantes que no tiene a las personas y la solución de sus problemas como su prioridad
Las familias han cambiado, y todavía cambiaran más, porque un objetivo social, pero también económico, es que la mujer se incorpore al mundo del trabajo retribuido – en el del trabajo siempre estuvo –. Hasta ahora eso se ha producido “sacándoselo de las costillas” muchas mujeres. No se lo han puesto fácil y la sociedad lo ha pagado con bajas tasas de natalidad.
Si no ayudamos a las familias a resolver ese problema, si no se les hace más fácil la situación, no se alcanzara el doble objetivo de incrementar la tasa de empleo de las mujeres y de conciliar la vida familiar y laboral. Es hora de plantearse no solo que queremos invertir para cambiar esa situación, sino cuanto. Inversión que además de socialmente rentable es económicamente viable.
La forma de resolverlo no es cargárselo en exclusiva al cuerpo docente, por otro lado mayoritariamente femenino. Es acordando las modificaciones de los horarios escolares que pudiendo resultar más provechosas para la educación de los niños sean compatibles con los horarios anuales de los docentes y a su vez con los laborales de los padres y madres. En todo caso, hay que tener presente que esa no será la única solución al problema que las vacaciones escolares ponen al descubierto, sino una aportación más.
Las instalaciones y recursos educativos, están pagados por la sociedad y no tiene porque quedar cerrados, cuando no se imparten clases. Actividades extraescolares promovidas por padres y madres, en colaboración, o concierto, con administraciones y docentes pueden ser un punto de encuentro.
Una vez más, ese problema y sobre todo el camino y las necesidades para abordarlo, demuestran que el acuerdo de la comunidad educativa (alumnado, docentes y padres) es insustituible y que la diversidad de opciones aconseja que los Ayuntamientos tenga competencias en materia enseñanza primaria para abordarlo.
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