Es un caso como una casa. “Caso Pallerols”, “Caso Unió”, “Caso Treball” o “Caso de los fondos de formación “. No hay acuerdo en el nombre pero en algo si hay coincidencia, es un caso como una casa.
Este caso no es, solo, el caso originado por la actuación de un “listillo”. El posible uso irregular o fraudulento de los fondos de formación que gestiona el Departament de Treball de la Generalitat y por el que recibe ayudas de Europa, no se puede explicar, solo, descargando toda la responsabilidad en una persona.
Aunque esa persona, o precisamente por eso, resulte ser socio del director general de empleo, mientras se le otorgaban mas de 1000 millones de pesetas en subvenciones. Aunque sea socio también del anterior delegado del Departament de Treball en Tarragona. Aunque sus centros acumulen denuncias de profesores y administradores sobre la falsificación de firmas y expedientes y facturas para justificar cursos subvencionados y no realizados. Aunque esa persona se haya filmado a si misma cuando entregaba cantidades de dinero a personas relacionadas con la cúpula dirigente de Unió Democrática de Catalunya, el partido al que han pertenecido todos los Consellers de Treball desde que gobierna Jordi Pujol. Aunque esa persona anotara en la contabilidad, que escondía en un “zulo” en su despacho de Andorra, las cantidades que en especie y/o efectivo entregaba, a miembros de ese mismo partido, hasta alcanzar aproximadamente el 10 % de la subvención que recibía del Gobierno de la Generalitat.
Todo eso, con ser grave, no explicaría porque la Unión Europa ha suspendido con carácter preventivo el pago de 10.000 millones de pesetas que debían venir a Catalunya.
Y no se explicaría sino fuera porque este caso hace más de tres años que se arrastra. Y durante ese tiempo, solo ha hecho que empeorar.
En este periodo no solo se han conocido las andanzas de este empresario, sino también el hecho de que recibían subvenciones algunas Fundaciones próximas a Unió Democrática (FECEA, FESEC, CEETT) y que los centros dirigidos por personas relacionadas, familiar o empresarialmente, con ese partido resultaban estar en lo mas alto del ranking de los receptores de subvenciones, en su ámbito.
Lo que ayuda a explicar la durísima actitud de la Unión Europea en este caso es la actitud obscurantista y políticamente nefasta que ha tenido el Gobierno Pujol.
Negarle una explicación satisfactoria a la ciudadanía y al Parlament una comisión de investigación es una actitud ética y políticamente reprobable. Pensar que si no se habla del problema este no existe, o se morirá es políticamente suicida e inmmaduro. Pero, negarle explicaciones a quien paga es trabajarse a pulso lo que pasa, que les han cerrado el grifo hasta que lo aclaren.
Con su negativa a reconocer lo evidente, a rectificar los errores, y a asumir las responsabilidades políticas que les corresponden el Gobierno y la coalición que le da soporte (CiU) lo han empeorado. Lo que se cuestiona ahora no es la actuación de un “listillo”, lo que ha entrado en cuestión es todo el sistema de formación ocupacional que gestiona la Generalitat.
En este “fregado” se ha deteriorado la imagen de Catalunya, por la acción del Gobierno. Pero, y eso es lo más grave, se ha creado un perjuicio difícil de superar. Se ha deteriorado profundamente la confianza social sobre la formación ocupacional. Todo el sistema parece tocado con el estigma de la corrupción.
Las personas en paro necesitan la formación ocupacional para tener una nueva oportunidad ante los trabajos que se ofertan, los empresarios para encontrar las personas con la formación que necesitan, los profesionales que participan en la formación ocupacional para sentir que desarrollan su actividad en un sector sano y limpio.
El problema es que quien ha creado el problema se niega a reconocerlo y arreglarlo. Tampoco deja que los demás ayudemos a superarlo. En suma como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.
Esto es lo que hace que este caso sea como una casa.
Este caso no es, solo, el caso originado por la actuación de un “listillo”. El posible uso irregular o fraudulento de los fondos de formación que gestiona el Departament de Treball de la Generalitat y por el que recibe ayudas de Europa, no se puede explicar, solo, descargando toda la responsabilidad en una persona.
Aunque esa persona, o precisamente por eso, resulte ser socio del director general de empleo, mientras se le otorgaban mas de 1000 millones de pesetas en subvenciones. Aunque sea socio también del anterior delegado del Departament de Treball en Tarragona. Aunque sus centros acumulen denuncias de profesores y administradores sobre la falsificación de firmas y expedientes y facturas para justificar cursos subvencionados y no realizados. Aunque esa persona se haya filmado a si misma cuando entregaba cantidades de dinero a personas relacionadas con la cúpula dirigente de Unió Democrática de Catalunya, el partido al que han pertenecido todos los Consellers de Treball desde que gobierna Jordi Pujol. Aunque esa persona anotara en la contabilidad, que escondía en un “zulo” en su despacho de Andorra, las cantidades que en especie y/o efectivo entregaba, a miembros de ese mismo partido, hasta alcanzar aproximadamente el 10 % de la subvención que recibía del Gobierno de la Generalitat.
Todo eso, con ser grave, no explicaría porque la Unión Europa ha suspendido con carácter preventivo el pago de 10.000 millones de pesetas que debían venir a Catalunya.
Y no se explicaría sino fuera porque este caso hace más de tres años que se arrastra. Y durante ese tiempo, solo ha hecho que empeorar.
En este periodo no solo se han conocido las andanzas de este empresario, sino también el hecho de que recibían subvenciones algunas Fundaciones próximas a Unió Democrática (FECEA, FESEC, CEETT) y que los centros dirigidos por personas relacionadas, familiar o empresarialmente, con ese partido resultaban estar en lo mas alto del ranking de los receptores de subvenciones, en su ámbito.
Lo que ayuda a explicar la durísima actitud de la Unión Europea en este caso es la actitud obscurantista y políticamente nefasta que ha tenido el Gobierno Pujol.
Negarle una explicación satisfactoria a la ciudadanía y al Parlament una comisión de investigación es una actitud ética y políticamente reprobable. Pensar que si no se habla del problema este no existe, o se morirá es políticamente suicida e inmmaduro. Pero, negarle explicaciones a quien paga es trabajarse a pulso lo que pasa, que les han cerrado el grifo hasta que lo aclaren.
Con su negativa a reconocer lo evidente, a rectificar los errores, y a asumir las responsabilidades políticas que les corresponden el Gobierno y la coalición que le da soporte (CiU) lo han empeorado. Lo que se cuestiona ahora no es la actuación de un “listillo”, lo que ha entrado en cuestión es todo el sistema de formación ocupacional que gestiona la Generalitat.
En este “fregado” se ha deteriorado la imagen de Catalunya, por la acción del Gobierno. Pero, y eso es lo más grave, se ha creado un perjuicio difícil de superar. Se ha deteriorado profundamente la confianza social sobre la formación ocupacional. Todo el sistema parece tocado con el estigma de la corrupción.
Las personas en paro necesitan la formación ocupacional para tener una nueva oportunidad ante los trabajos que se ofertan, los empresarios para encontrar las personas con la formación que necesitan, los profesionales que participan en la formación ocupacional para sentir que desarrollan su actividad en un sector sano y limpio.
El problema es que quien ha creado el problema se niega a reconocerlo y arreglarlo. Tampoco deja que los demás ayudemos a superarlo. En suma como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.
Esto es lo que hace que este caso sea como una casa.
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