Los vecinos del Barri de la Salut de Badalona, lo han venido afirmando desde el primer momento. No es el origen, sino las incívicas conductas de algunas personas, lo que ha desencadenado el conflicto. No es su falta de paciencia, sino su agotamiento.
Ese no es un detalle menor. Las conductas incívicas, agresivas o que no respetan la libertad del otro no son privativas de ningún grupo social, étnico o religioso. Se producen entre propios y extraños. Imputárselo a alguien por su lugar de procedencia es, digámoslo claramente, racismo.
Por eso, cuando, a unos vecinos, el resto le cuestionan unas actitudes contrarias a las normas de convivencia, lo que están haciendo es ejercer y defender su derecho a la misma. Aunque a su vez, estos deben hacerlo de forma cívica y democrática. Ser víctima del incivísmo no da derecho a actuar como se detesta.
Conviene recordárselo a esos carroñeros sociales, vestidos de políticos de orden, que en los momentos de tensión se dedican a asociar esos fenómenos a la inmigración irregular, alentando el malestar y el odio entre la gente, con el mezquino interés de ganar unos pocos votos.
Mezquindad que queda patente en la paradoja que ha acontecido en este tema. Esas personas de origen rumano desde el pasado 1 de enero, son ciudadanos europeos y por ello con derecho a la residencia en España. ¿Cambia algo que su situación sea legal, o no?
Pues no, porque el problema no es ese, sino su actitud incívica.
Los ayuntamientos cada día cuidan y vigilan la convivencia entre la vecindad. Aplican la gradualidad, sin renunciar por ello a la firmeza. Primero median, luego arbitran y finalmente imponen la ley, si no se ha resulto el problema. Ese es el camino para construir una convivencia duradera, no el falso atajo de la intolerancia.
Ese no es un detalle menor. Las conductas incívicas, agresivas o que no respetan la libertad del otro no son privativas de ningún grupo social, étnico o religioso. Se producen entre propios y extraños. Imputárselo a alguien por su lugar de procedencia es, digámoslo claramente, racismo.
Por eso, cuando, a unos vecinos, el resto le cuestionan unas actitudes contrarias a las normas de convivencia, lo que están haciendo es ejercer y defender su derecho a la misma. Aunque a su vez, estos deben hacerlo de forma cívica y democrática. Ser víctima del incivísmo no da derecho a actuar como se detesta.
Conviene recordárselo a esos carroñeros sociales, vestidos de políticos de orden, que en los momentos de tensión se dedican a asociar esos fenómenos a la inmigración irregular, alentando el malestar y el odio entre la gente, con el mezquino interés de ganar unos pocos votos.
Mezquindad que queda patente en la paradoja que ha acontecido en este tema. Esas personas de origen rumano desde el pasado 1 de enero, son ciudadanos europeos y por ello con derecho a la residencia en España. ¿Cambia algo que su situación sea legal, o no?
Pues no, porque el problema no es ese, sino su actitud incívica.
Los ayuntamientos cada día cuidan y vigilan la convivencia entre la vecindad. Aplican la gradualidad, sin renunciar por ello a la firmeza. Primero median, luego arbitran y finalmente imponen la ley, si no se ha resulto el problema. Ese es el camino para construir una convivencia duradera, no el falso atajo de la intolerancia.
Y si para hacerlo, con más eficacia necesitan más recursos, la sociedad no puede escatimárselos.
La convivencia es un bien muy preciado y frágil, que debe ser constantemente protegida, pues cuando se rompe o deteriora es difícil recomponerla.
La convivencia es un bien muy preciado y frágil, que debe ser constantemente protegida, pues cuando se rompe o deteriora es difícil recomponerla.
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