“Ni 100 días, ni 100 horas” ha tardado el Govern de Catalunya en cumplir el compromiso del President Montilla para poner los intereses de las personas y especialmente las que más lo necesitan por delante de todo.
En la primera reunión operativa del Govern, después de su constitución, ha aprobado tres proyectos de ley, la ley de Servicios Sociales, la ley del Consejo de Relaciones Laborales y la ley del Instituto de Seguridad.
La semana pasada se aprobaba en las Cortes, con la única oposición de CiU y PNV, la Ley de la autonomía personal o contra la dependencia. Esa ley sella el pacto de la sociedad española con las personas, o sus familias, que por enfermedad, edad o características propias necesitan de ayuda para desarrollar su vida con dignidad y autonomía.
Nuevos derechos de ciudadanía que deben ser gestionados y completados desde los gobiernos más próximos, como el de Catalunya, para que las personas los reciban rápida y eficazmente. Así pues, la necesidad y urgencia de la Ley de Servicios Sociales es la de las personas que se beneficiaran de su existencia, no la del Govern, que pretende atenderlas con ella.
De ahí que no deja de ser significativo que esos proyectos de ley se retomen rápidamente, después que fueran bloqueados por CiU en la anterior legislatura mediante filibusterismos parlamentarios,.
“Ni 100 días, ni 100 horas”. Ese fue el vaticinio del President sobre la ausencia del periodo que normalmente la oposición concede a los gobiernos cuando llegan. Cierto es que corresponde a una cortesía parlamentaria que CiU, aislada, airada y malhumorada por no poder gobernar, no está obligada a respetar. Como tampoco están obligados a acertar.
Los nacionalistas al anteponer sus interés partidarios a los de las personas, aquí y en Madrid, se equivocan otra vez.
En la primera reunión operativa del Govern, después de su constitución, ha aprobado tres proyectos de ley, la ley de Servicios Sociales, la ley del Consejo de Relaciones Laborales y la ley del Instituto de Seguridad.
La semana pasada se aprobaba en las Cortes, con la única oposición de CiU y PNV, la Ley de la autonomía personal o contra la dependencia. Esa ley sella el pacto de la sociedad española con las personas, o sus familias, que por enfermedad, edad o características propias necesitan de ayuda para desarrollar su vida con dignidad y autonomía.
Nuevos derechos de ciudadanía que deben ser gestionados y completados desde los gobiernos más próximos, como el de Catalunya, para que las personas los reciban rápida y eficazmente. Así pues, la necesidad y urgencia de la Ley de Servicios Sociales es la de las personas que se beneficiaran de su existencia, no la del Govern, que pretende atenderlas con ella.
De ahí que no deja de ser significativo que esos proyectos de ley se retomen rápidamente, después que fueran bloqueados por CiU en la anterior legislatura mediante filibusterismos parlamentarios,.
“Ni 100 días, ni 100 horas”. Ese fue el vaticinio del President sobre la ausencia del periodo que normalmente la oposición concede a los gobiernos cuando llegan. Cierto es que corresponde a una cortesía parlamentaria que CiU, aislada, airada y malhumorada por no poder gobernar, no está obligada a respetar. Como tampoco están obligados a acertar.
Los nacionalistas al anteponer sus interés partidarios a los de las personas, aquí y en Madrid, se equivocan otra vez.
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